La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) tiene registrados 307 operadores homologados que pueden utilizar drones profesionales. Pero esos aparatos voladores sin tripulación están de moda y muchas compañías se han lanzado al mercado sin licencia. Las empresas legales repiten denuncias al considerarse víctimas de una competencia desleal. Se sienten impotentes ante el creciente número de firmas piratas. Fruto de esas denuncias, AESA investiga 41 casos y ha abierto nueve expedientes sancionadores. Por el camino ha notificado a 12 empresas que publicitaban actividades para las que no estaban acreditadas el cese de su actividad.
“Hablamos con clientes, hacemos nuestros presupuestos y no nos los aceptan porque aseguran que otras compañías se los hacen más baratos. En algunas ocasiones logramos saber quiénes son y resulta que no aparecen en la lista publicada por AESA. Lo único que podemos hacer es denunciar los hechos a la Administración”, explica Dora Hernández, de Tavisa, una empresa especializada en fotografía y publicidad aérea. El de las compañías que se saltan la normativa es otro de los problemas que arrastra un negocio novel como es el de los drones. Hace solo un año que el Gobierno aprobó de forma acelerada un decreto ley para amparar esa actividad para usos civiles y considerar un dron profesional como cualquier otra aeronave.
El mallorquín Francesc Carulla es otra víctima del descontrolado negocio de los drones. “Parece que sea la industria salvadora de la economía y la gente no es consciente de la peligrosidad de operar un dron si no se hace con experiencia y con todo en regla”, explica, cansado de gente que se compra un aparato, le instala una cámara, monta una web y se pone a comercializar servicios. La regulación existente marca ciertas obligaciones para los operadores de drones, como un certificado de pilotaje de drones emitido por organizaciones habilitadas. Pero también para las aeronaves: la documentación con las características del aparato, un manual de operaciones del operador, un estudio de seguridad sobre la operación que se va a realizar, un programa de mantenimiento y una póliza de responsabilidad civil aérea. Y todo debe ser aprobado por Aesa.
“Es más económico no tener nada de eso, porque además de lo que te ahorras, contra más pirata seas menos controlado estarás”, dice Carulla, que ofrece también servicios de fotografía aérea a través de Estop. Hace cinco años se aliaron con un socio alemán, PHT Air Pictures, y empezaron a operar drones. Muchas veces les encargan trabajos que no pueden efectuar porque la normativa se lo impide (como sobrevolar núcleos urbanos o zonas con gente), pero él es consciente de que otras empresas sí los realizan.
Meritxell Codina, perito judicial aeronáutica y consejera delegada de Eurania, una empresa de servicios para el sector aeronáutico, da mucha importancia al manual de operaciones, que considera el documento en el que cada compañía expone su conocimiento del sector. “Es tu rasgo distintivo, tu sello de calidad, y en cambio se ha desacreditado por culpa del error del copia y pega en su confección”. Muchas veces es así porque empresas de formación suman modelos genéricos a la oferta que ofrecen a sus clientes para que se apunten a sus cursos. “En la formación se ha visto otra oportunidad de negocio porque con una base mínima puedes empezar a operar”, añade.
Un grupo de policías nacionales y municipales de Andalucía ha montado la Asociación de Seguridad y Rescate con Dron. Su presidente, Antonio Tey, explica que están haciendo pedagogía también sobre en qué condiciones tiene que pilotarse un dron y qué debe hacer un agente de seguridad cuando se incumplen. “El problema real es que los cuerpos de seguridad desconocen la normativa”, advierte Codina.
Fuente: EL PAÍS
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